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Gobernadores y Alcaldes en el “ojo de huracán”, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar.

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Cinco gobernadores y siete alcaldes en ejercicio, son actualmente investigados por la Contraloría General de la República, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar – PAE. Asimismo están vinculados siete exgobernadores y 45 exalcaldes en 145 procesos de responsabilidad fiscal que suman 84 mil millones. Los nombres serán revelados en los próximos días.

El Contralor Edgardo Maya Villazón, dijo que en 17 procesos, en 11 departamentos, ya fueron imputados cargos, por más de 7 mil millones de pesos.

Por este mismo caso en los departamentos de Atlántico, Casanare, Cauca y Cesar, ya se han emitido fallos con responsabilidad fiscal, en primera instancia, que totalizan 2 mil 940 millones.

Se destacan igualmente tres fallos de impacto nacional por recursos del PAE que manejó el ICBF en los departamentos de Sucre y La Guajira, cuya cuantía suma más de 2 mil 797 millones.

Según el ente de control, dentro de los 154 procesos abiertos se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables, los siguientes exgobernadores:

Arauca: José Facundo Castillo Cisneros, a quien se le siguen tres procesos por más de 6 mil 367 millones, de los cuales en uno ya fue imputado por más de 1 mil 186 millones.

Cesar: Luis Alberto Monsalvo, se le imputaron cargos de responsabilidad fiscal por 630 millones.

La Guajira: José María Ballesteros Valdivieso, se le llevan dos procesos por más de 16 mil 339 millones, ambos declarados de impacto nacional.

Santander: Richard Alfonso Aguilar Villa, se le lleva un proceso por la suma de 3 mil 923 millones.

Sucre: Jorge Carlos Barraza Farak, un proceso por 31 millones.

Caquetá: Álvaro Pacheco Álvarez.

Amazonas: Carlos Arturo Rodríguez Celis.

Otros casos:

Aparte del PAE, la administración de Maya Villazón deja imputados otros casos emblemáticos de su gestión, como son Reficar, el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de los Enfermos Mentales en Sucre y el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué.

En el caso de Reficar se imputó responsabilidad fiscal por la pérdida de más de 2 mil 400 millones, equivalentes a más de 5 billones. Se trata del caso con un mayor detrimento patrimonial al Estado colombiano en toda su historia, cuatro veces mayor que el fallo de Saludcoop de 2013.

La apertura del proceso fue el 10 de marzo de 2017, lo que quiere decir que en tiempo récord se tomó decisión en un proceso tan complejo y de tal magnitud.

En los casos del Cartel de la Hemofilia se están adelantando cinco procesos de responsabilidad fiscal en tres departamentos: Córdoba, Bolívar y Caquetá. El posible despilfarro de recursos es de 85mi millones, de los cuales ya la Contraloría ha imputado por 76 mil millones. Están involucrados seis exgobernadores y diez exsecretarios de Salud Departamentales.

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