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Secretario de Gobierno de Yopal, “jaló” las orejas a quienes expiden certificados de residencia de manera fraudulenta.

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Es muy recurrente en Yopal, la expedición de certificados de residencia, por parte de algunos líderes y presidentes de Juntas de Acción Comunal, de manera irregular.

Estos certificados que en su mayoría se utilizan para comprobar la residencia de un ciudadano en un sector de la ciudad, frente a una oportunidad laboral, de vivienda o beneficio social, han sido en muchas ocasiones entregados de manera falsa, mediante actos de corrupción, burocracia, intereses políticos, y otras formas ilegales. Estas constancias  son un documento público y cualquier irregularidad en su expedición, puede ser causal de una sanción de tipo penal.

Sobre este tema, el Secretario de Gobierno de Yopal, Diego Dinas, se pronunció de manera vehemente, solicitando a los líderes comunales, tener mucho cuidado al momento de entregar de manera irregular este documento. Les recordó que se puede certificar la residencia de un ciudadano, en un sector de un ciudadano, sólo a quien realmente viva en él.

“La Secretaría de Gobierno es la dependencia encargada de expedir los certificados de residencia en Yopal, según la Ley 1551 artículo 29, donde se fijan los requisitos indispensables, aunque la norma dice que se pueden recibir, cualquiera de estos documentos: El certificado de residencia expedido por el presidente de la Junta de Acción Comunal, el SISBEN y/o el certificado electoral”, indicó Dinas.

El funcionario explicó que la Administración Municipal respeta y toma como un acto legal y confiable la certificación expedida por las JAC, donde sus directivos firman y corroboran la residencia de quien solicita  el documento, como habitante real de un sector determinado de la ciudad.

“Quienes actúen de manera ilegal en este proceso, pueden incurrir en una sanción, para quien firma y para la junta que avala dichas certificaciones.  Estas irregularidades también hacen incurrir en faltas penales a la Secretaría de Gobierno, ya que estos certificados se convierten en un documento público y las expediciones fraudulentas son delitos penales”, puntualizó.

El funcionario también llamó la atención a las empresas que exijan en su contratación laboral estos certificados, para que los exijan en original, y así evitar que se adulteren o falsifiquen.

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